CDMX.- La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles 3 de diciembre de 2025 el dictamen de la nueva Ley General de Aguas, así como diversas reformas a la Ley de Aguas Nacionales. La votación se dio tras una sesión que incluyó la presentación de más de 50 ajustes incorporados por la mayoría legislativa.
El dictamen fue avalado por Morena y sus aliados, quienes sostienen que la reforma permitirá actualizar un marco legal vigente desde 1992 y garantizar el derecho humano al agua con énfasis en el uso doméstico, la redistribución de concesiones y la atención prioritaria de regiones con estrés hídrico.
La sesión se desarrolló en medio de protestas de organizaciones campesinas, que desde esta mañana llegaron a San Lázaro a bordo de tractores para exigir que se mantenga la certidumbre en los derechos de agua para riego agrícola. Agricultores de distintos estados advirtieron que algunas disposiciones podrían abrir espacio a decisiones administrativas discrecionales que afecten actividades productivas.
La bancada mayoritaria respondió que los cambios incorporados al proyecto —alrededor de medio centenar— atienden inquietudes expresadas durante los últimos días. Entre los ajustes se encuentran precisiones sobre transmisiones de derechos, reglas de disponibilidad y mecanismos de consulta.
Con la aprobación en comisiones, el dictamen queda listo para su programación en el Pleno, donde podría discutirse en los próximos días si así lo determina la Junta de Coordinación Política. La reforma forma parte de los compromisos legislativos anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum para el cierre del actual periodo ordinario.
Ricardo Monreal (Morena), presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que el nuevo dictamen incorpora “alrededor de 50 cambios” derivados de acuerdos con agricultores y sectores productivos, y que la reforma “pone por delante el derecho humano al agua y la atención de regiones en situación crítica”. Afirmó que el modelo actual, vigente desde 1992, “favoreció la concentración de concesiones en unos cuantos” y que el nuevo marco busca “corregir distorsiones históricas”.
Carlos Palacios Rodríguez (Morena)
Recordó que investigaciones académicas muestran que un grupo reducido de grandes usuarios concentra volúmenes significativos de concesiones. Indicó que la reforma “busca frenar el acaparamiento” y que la prioridad será “garantizar agua para consumo humano antes que cualquier uso industrial o agrícola de gran escala”.
Legisladores de la mayoría en la Comisión de Recursos Hidráulicos argumentaron en la sesión de este miércoles que la nueva ley permitirá “una planeación hídrica nacional más clara”, mayor transparencia en la información sobre disponibilidad y un sistema más estricto de vigilancia de concesiones. Sostuvieron que el cambio en el criterio de transmisiones permitirá “evitar el mercado negro del agua”.
Diputados del PAN en la Comisión de Recursos Hidráulicos advirtieron que el modelo propuesto puede dar lugar a “discrecionalidad administrativa” y afectar derechos adquiridos por pequeños y medianos agricultores. Señalaron que la eliminación de transmisiones automáticas del agua asociada a la tierra “rompe un principio jurídico que ha dado certeza al campo durante décadas”.
Por su parte PRI y PRD consideraron que el dictamen “se aprobó con premura” y que el proceso de consulta debió ampliarse antes de modificar un marco jurídico que impacta a miles de productores. Cuestionaron que las reasignaciones propuestas puedan generar “incertidumbre productiva” y procesos burocráticos “más lentos y más opacos”.
Organizaciones campesinas presentes en San Lázaro
Representantes del sector señalaron que la reforma “no debe vulnerar los derechos de riego”, y reclamaron que los cambios podrían derivar en “pérdida de agua para distritos agrícolas” si la reasignación queda sujeta a criterios centrales.
Diputados del PAN y MC alertaron que la reforma no resuelve la falta de infraestructura, inversión ni mantenimiento en sistemas de agua potable y riego, y argumentaron que regular más no garantiza mejorar el abasto. Señalaron que el país enfrenta una crisis hídrica que requiere “presupuesto real, no solo cambios legales”.
