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“Bajan la Ley de Aguas o nos volvemos a levantar”, advirtieron productores agrícolas de la región centro-sur del estado, quienes manifestaron su inconformidad ante la intención del Gobierno Federal de aprobar en estos días la nueva Ley de Aguas Nacionales.
Señalaron que no han sido escuchados y que la iniciativa mantiene ambigüedades en varios artículos, además de que la Comisión Nacional del Agua conservaría la facultad de autorizar o rechazar la reasignación de concesiones, ya sea por sucesión o por venta de predios agrícolas.
Tras los diálogos sostenidos con distintos sectores agrícolas y luego de los foros organizados tanto en el país como en la Secretaría de Gobernación, así como la conclusión del paro nacional en el que productores bloquearon carreteras y tomaron aduanas en diversos estados, este martes la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados programó la votación del dictamen, que se prevé será enviado al pleno el miércoles para su discusión.
Ayer por la mañana, el director estatal de Conagua, Román Alcántar Alvídrez, ofreció una rueda de prensa en la que abordó los puntos que habían generado incertidumbre entre los agricultores. Explicó que el concepto de transmisión de derechos cambiará a reasignación, pero aclaró que se atendió la petición de los usuarios para que no se consideren los niveles freáticos de cada zona. Con ello, aseguró que los trámites por fallecimiento de titulares o por venta de predios agrícolas con fuentes de abastecimiento de agua, podrán realizarse sin tantos trámites burocráticos.
Añadió que el Registro Nacional del Agua contemplado en la iniciativa será de carácter público, por lo que los productores no deben tener dudas sobre su funcionamiento. Sobre las inquietudes relacionadas con una posible criminalización por faltas en el manejo del agua, indicó que también se modificará el texto, garantizando que las actividades agrícolas y ganaderas se mantendrán reconocidas como usos primarios.
Alcántar reiteró que la finalidad de la nueva Ley es evitar la mercantilización y el mercado negro del agua, otorgando a Conagua facultades para fortalecer los mecanismos de sanción en estos casos. Afirmó que el objetivo del Gobierno Federal es brindar certeza jurídica, especialmente a los pequeños productores.
Al respecto, representantes de las regiones agrícolas de Delicias y Jiménez expresaron su desacuerdo. Señalaron que diversas acciones que podrá realizar el Gobierno no están claramente establecidas en la Ley y quedarán, a su juicio, a criterio de las autoridades, lo que podría derivar en excesos y dejaría a los productores sin posibilidades de defensa.
En este contexto, una comisión de representantes agropecuarios de distintas regiones del país se reunió ayer por la mañana con la presidenta del Congreso, Kenia López Rabadán, a quien exigieron retirar la iniciativa de la Cámara de Diputados. Advirtieron que, de no lograrlo, en los próximos días intensificarán sus protestas, incluyendo el bloqueo de vías ferroviarias y otras acciones más radicales.
